La Administración Pública en la gestión de fincas

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La Administración Pública en la gestión de fincas

La Ley 8/2013 ha realizado unos cambios muy positivos para adaptar la Ley de Propiedad Horizontal 49/1960 a las necesidades sociales actuales, por ejemplo, ampliando la posibilidad de reclamar deudas pendientes hasta tres años o facilitando la realización de obras para mejorar la accesibilidad del edificio.

Pero la nueva Ley que modifica parte de la Ley de Propiedad Horizontal ha supuesto también una injerencia de la Administración Pública en la gestión de las comunidades de propietarios.

Desde el año 2013 cualquier obra o cambio en la finca requiere el permiso de la Administración Pública conforme el artículo 10, señalando que requerirá dicha autorización cuando afecte al ámbito de actuación de rehabilitación de regeneración y renovación urbanas y conforme el artículo 10.3, será obligatoria la autorización cuando se crea o se modifica el complejo inmobiliario, lo que puede ser considerado normal.

La ley profundiza señalando como actividad normal de la comunidad de propietarios cualquier tipo de obra que afecte a la finca de manera interna o externa, ya sea obras o instalaciones a favor de discapacitados , segregaciones, cerramientos de terrazas etc… Esto supone dos grandes agravios para la comunidad de propietarios:

1.- Supone gastos de presentación de proyectos, inspecciones, retrasos en el tiempo etc…

2.- Puede llegar la situación que la comunidad de propietarios haya aprobado una reforma a través de la mayoría cualificada y la Administración impida la realización de esta.

Por último me gustaría dar mi opinión sobre un artículo que para mí es un auténtico error, el aparatdo 1 del artículo 10. Señala que no hará falta junta de propietarios para obras necesarias para «El adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y sus servicios comunes, incluyendo los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, así como las condiciones de ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición de la Administración del deber legal de conservación».

Por un lado la Ley es más exigente solicitando una autorización administrativa, y luego autoriza a cualquiera a realizar reformas sin aprobación en Junta. Entonces ¿Quién pude decidir que es necesario? ¿Qué es necesario?. Sin duda este aspecto del artículo quedará sin aplicación.

Conclusión: no puede negarse que el gran cambio que se ha producido con esta Ley es la necesaria autorización de la Administración Pública, asumiendo competencias que no tenía anteriormente.

By | 2017-05-23T10:20:08+01:00 mayo 9th, 2014|Administraciones de fincas|0 Comments

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